El análisis de Eltiempo sobre “Fiscalía pide control al porte de armas” esta bien hecho, pero mal intencionado. Es leonino, tramposo y solo quiere desinformar, providencialmente muy al estilo de ya sabemos quien... Vamos a poner unas verdades sobre la mesa, no sea que de pronto Eltiempo no tenga las cosas suficientemente claras:
(…) al menos 7 de cada 10 homicidios en Colombia fueron cometidos con arma de fuego.
Según las cifras de Medicina Legal, eso puede ser cierto. Partamos de esa base entonces...
(…) entre el 2014 y 2016 las autoridades incautaron 85.982 armas de fuego, de las cuales el 19 por ciento (16.665 armas) fueron entregadas legalmente a colombianos, pero terminaron involucradas en delitos.
“Terminaron involucradas en delitos”, pero cualquier tipo de delito y no exclusivamente en homicidio: alicoramiento, porte sin permiso especial, cesiones ilegales, ubicación del arma en sitio diferente, porte o tenencia con permiso vencido, llevar munición ilegal, instalar láseres en las armas también son “delitos” que dan incautación del arma; eso sin contar el gran numero de incautaciones "porque si" de la Policía Nacional.
(…) adicionar más requisitos a la normatividad actual o volver más exigentes los requisitos actuales (…)Los requisitos en Colombia son, por mucho, mas exigentes que en casi cualquier país del planeta. El Departamento de Control y Comercio de Armas (DCCA) tiene una política de aplicación explicita de la ley. La Industria Militar (INDUMIL) duplica y, algunas veces cuatriplica el valor de las armas como parte de la política de control de armas. Pero todo lo anterior solo ha llevado al aumento de las armas ilegales porque para los bandidos es simplemente imposible hacerse a un arma de fuego legal en Colombia.
El documento indica que en países como Japón para que un ciudadano tenga un arma legal debe aprobar un examen escrito, una prueba de polígono con más del 95 por ciento de acierto, y superar una prueba de salud mental. Los permisos se expiden por tres años y al término de ese periodo se repiten las pruebas. “Si comparamos estos requisitos con los de la legislación nacional, es evidente que tenemos reglas menos estrictas”
Eso deja claro un total desconocimiento de la legislación colombiana en materia de armas y municiones. Si tuviéramos una legislación como la japonesa, tendríamos al menos el triple de armas legales en la calle. De no ser por los controles del DCCA, que son (en resumen) MUCHO MAS EXIGENTES que en Japón, porque sumando a lo que “hacen en Japón”: se realiza una verificación de antecedentes en todas las entidades y organismos de control (procuraduría, fiscalía y contraloría), el aspirante debe certificar que tiene un ingreso estable y suficiente, una situación laboral definida así como una profesión u oficio establecida. Todo esto legalmente certificado y verificado. Además de superar las pruebas de polígono, se exige una clase de dos horas de legislación y uso correcto de las armas, y la prueba de salud mental también viene acompañada de una prueba de capacidad y aptitud física. Por si esto fuera poco, se debe aportar un grupo de pruebas que justifiquen la necesidad de portar un arma y todo esto se verifica personalmente, y entrevista, ante un oficial superior de las Fuerzas Militares. Si se aprueba el arma, esta se entrega con un permiso por tres años (como en Japón) pero adicionalmente se requiere un permiso especial también emitido por las Fuerzas Militares para poder portar el arma; y por si fuera poco, el precio del arma también se convierte en un factor de frustración para aquel que desee portar un arma, eso sin comentar que no se pueden comprar mas de 200 cartuchos al año. Ojalá tuviéramos una legislación como la japonesa, que es, comparada con la colombiana, absolutamente laxa! En Colombia una demanda de alimentos, una multa sin pagar es suficiente para que sea negada un arma de fuego.
(…) hay una relación directa entre la violencia y la disponibilidad de armas de fuego, especialmente cuando hay presencia de redes criminales como las establecidas en el país.
Por supuesto, porque no son armas legales. Las redes criminales no van al DCCA a solicitar legalmente la adquisición de fusiles de asalto o pistolas automáticas.
(...)en nuestro país nunca ha habido una política establecida e integral para luchar contra el tráfico de armas.
Claro que hay una política; de otra manera no se hubieran incautado “85.982 armas de fuego” en dos años. Decomisar casi 120 armas diarias es una política fuerte! Pero cuando el mayor traficante de armas que existe en el país, que son las Farc-ep, está aspirando a la presidencia de la república y tiene asegurados 20 congresistas, realmente no es mucho lo que se puede hacer al respecto. Las armas ilegales están en manos de los bandidos; la policía hace su mejor esfuerzo. Los ciudadanos de bien no cometen crímenes con sus armas. Eso es suficientemente claro!
(…) analiza estudios internacionales que afirman que la disponibilidad de armas en manos de los ciudadanos tiene un efecto directo y son “un factor de riesgo”
Los estudios reales (y no inventados por Eltiempo) aseguran que entre mas armas legales hay en manos de los ciudadanos, menor es el índice de criminalidad. Solo en wikipedia, en una muy rápida buscada, hay 51 estudios que prueban que entre mas armas legales, menor la tasa de crímenes. Si quieren “estudios internacionales”, no se los inventen: vayan al estudio del FBI que sustenta esa realidad.
Advierte también que las armas no solo aparecen vinculadas a casos de sicariato, sino en episodios de intolerancia como riñas.
Por supuesto, todo el tiempo se habla de armas ilegales. Las cifras de casos de sicariato con armas legales son cero (0).
(...)la baja y decreciente proporción de armas incautadas en comparación con los miles de miembros de organizaciones criminales capturados
De nuevo se habla de armas ilegales. La cifra de armas legales relacionadas con organizaciones criminales es cero (0).
(…) realizar un censo de las armas que hoy están en poder de los colombianos y de las que han sido entregadas o decomisadas (…)
Esas cifras ya existen. Solo se requiere una carta de la Fiscalía solicitando esa información al DCCA, y la Fiscalía tendrá esa información en menos de 48 horas. Por supuesto, se trata de la cifra de armas legales... si se tuviera el listado de las armas ilegales, ya no serian ilegales, correcto?
(…) sin una política unificada las armas seguirán “llegando a manos de personas y organizaciones criminales, lo cual incidirá en la tasa de homicidio.
La política debe ser continuar atacando a los ilegales y a sus armas, es decir a las organizaciones y los individuos criminales: no constreñir a los usuarios legales de las armas y tratarlos en todo momento como si fueran delincuentes.
Las mismas cifras de Medicina Legal (en su reporte Forensis) han establecido que con la prohibición del porte de armas, los homicidios no han disminuido, la cifra se mantiene estable, veamos:
Homicidio por arma de fuego 2015: 8.290;
Homicidio por arma de fuego 2016: 8.066;
Homicidio (cualquier forma) ENE-SEP 2017: 6.889.
Cifra de Interés: Tasa de mortalidad promedio anual por Desnutrición en Colombia: 6.570.
Cifra de Interés: Tasa de mortalidad promedio anual por Cáncer en Colombia: 16.081 (SOLO HOMBRES).
Cifra de Interés: Tasa de mortalidad por Accidentes de Transporte en Colombia: 45.806 (a 2015).
La razón para esto es muy simple: Los homicidios con armas de fuego legales, ni siquiera mueven los resultados porcentuales de las cifras de homicidio a nivel nacional. No existe un solo país en el mundo (ni uno solo) que tenga índices de criminalidad bajos por cuenta de haber desarmado a la población que ostenta sus armas legales.
Lo que hay que hacer es buscar el equilibrio perfecto entre las armas en la calle y los civiles armados, y no permitir que los delincuentes sean los únicos que porten las armas, y mucho menos en un país como el nuestro en el que la justicia está cada vez mas difusa e inmersa en las aguas turbias de la corrupción. El asunto es que el Colombia, quien ataca con un arma esta "delinquiendo" (4 a 8 años de cárcel), mientras que quien se defiende con un arma esta cometiendo “intento de homicidio” (20 a 30 años de cárcel).
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